Lo primero que habría que resaltar en la llegada del actual gobierno es el bajo nivel de aceptación electoral con que se instala, además en el contexto del debilitamiento de algunas fuerzas políticas tradicionales y de advenimiento de nuevas e inusitadas fuerzas electorales, que posteriormente perdieron su potencial.
No menos importante que ello, es que el presidente pierde rápidamente apoyo de su propia estructura política, la que lo lleva al poder y con la cual no logra reconciliarse sino hasta diciembre de 2019, y como veremos más adelante sólo de manera temporal.
Durante los breves meses de transición y luego de instaurado el nuevo gobierno procede a la denuncia de todo tipo de irregularidades cometidas por la administración anterior, que incluyen malas proyecciones económicas, abuso del gasto y un franco deterioro de las finanzas públicas. Además, el Presidente y su equipo, incluye en su denuncia un sin número de cuentas por pagar. Así pues, en su discurso ya de los 6 meses (del 2 de enero) el Presidente informa que había encontrado al país en muchos sentidos y en diversos planos económicos y sociales en verdadera catástrofe.
Esta declaración le sirvió como pretexto para hacer importantes recortes en el presupuesto público incluidos sectores sociales como educación (recorte de 407 millones a la “Estrella de su gobierno” y a las universidades oficiales), salud, etc. Estas medidas para nada coincidieron con la expectativa de crecimiento económico prevista para el 2020 por su administración.
Desde el punto de vista social el presidente lanza un programa para el mejoramiento de la equidad denominado el “Plan Colmena” que toma en cuenta un número plural de municipios pobres o de bajos ingresos. Este plan puede ser entendido como un movimiento que busca detener la precipitación social hacia el caos, pues otros indicadores, como el desempleo e informalidad laboral crecían vertiginosamente.
Así pues, en sus primeros seis meses, el presidente debió enfrentar la insuficiencia económica, la pérdida del apoyo político de su partido, el creciente descontento de la población y la reorganización del movimiento social panameño, esta vez incluidas las capas medias y la juventud hasta de universidades privadas, que solicitaban una Asamblea Constituyente Originaria.
En diciembre el mandatario vio el sosiego temporal con un acuerdo interno en su partido, con el convencimiento de un sector del movimiento social de participar bajo los auspicios del PNUD en la construcción de una nueva constitución y con el nombramiento de individuos con cierta credibilidad social al frente de instituciones judiciales.
Desde el punto de vista económico el presidente apostó por la austeridad en el sector público y por la búsqueda de un acuerdo entre el estado y la empresa privada que denominó Alianza Público-Privada, el cual benefició ampliamente a los sectores empresariales.
En ese contexto el nuevo gobierno vuelve con el tema de las reformas a la Caja del Seguro Social pero baja el tono rápidamente.
El plan sigue siendo el mismo que el de los anteriores gobiernos, apalancar al sector privado con una fuerte inversión pública en un número de obras, algunas heredadas, otras por construir en términos generales.
El segundo momento de la actual administración comienza con la pandemia. Como en el caso de todos los países, Panamá enfrenta a la misma con todas sus potencialidades y debilidades. En el caso de estas últimas (las debilidades) son muchas, porque precisamente la pandemia hace presa fácil de los estados con profundas desigualdades sociales.
Dada la evidencia, la catástrofe económica que viene de la mano con el confinamiento de la sociedad para evitar la propagación del virus covid-19, se hizo evidente la necesidad de adquirir sustanciosos préstamos para financiar la lucha sanitaria, el confinamiento y la vuelta a la vida de las empresas.
Pero, en lugar de que ello ocurriera el gobierno optó, sin dudas, presionado por las élites, a favorecer a los sectores financieros del país a la sazón los más poderosos.
El manejo de la pandemia por parte del gobierno durante algo más de 100 días puede dividirse en tres etapas. La primera etapa se corresponde al inicio de la cuarentena en la cual el gobierno logró la atención de la población, cierto grado de disciplina social y un fuerte grado de compromiso tanto de los actores de vanguardia del escenario (como lo fueron los profesionales de la salud, los sectores de la seguridad pública y ciertas élites tecnológicas y financieras). La etapa debía organizar también la logística de la distribución que sería indispensable para garantizar el orden social de los meses venideros.
Sin embargo, la imposibilidad de lograr esta organización logística, dada la falta de información y bases de datos que caracterizan a la sociedad y al estado panameño y la incapacidad de establecer los cercos sanitarios y aislamientos iniciales, pertinentemente y el no utilizar el poder del estado de urgencia para tomar decisiones más significativas, llevaron a la creación de conatos de rebelión social que amenazaban con extenderse. Todo ello, en el contexto del agotamiento y el inicio de la desmoralización de la policía quien pasó en unos días de heroína a villana.
Aquí se inicia una segunda etapa de desconfianza en la capacidad del gobierno de suplir las necesidades de la población, lo cual es alimentado por los escándalos de corrupción que pronto se presentaron.
La tercera etapa corresponde a la pérdida de la confianza social en la gestión administrativa del gobierno. Aquello termina, al llegar al año de inicio de su gestión, con la destitución de la ministra de salud cabeza de la lucha sanitaria, y de la ministra de desarrollo social encargada de responder a las necesidades de la población en el contexto de la urgencia.
Por supuesto, uno de los ministerios que estaba en menos capacidad de enfrentar tan grande reto era precisamente el Ministerio de Desarrollo Social como también el Ministerio de Educación y hasta el propio Ministerio de Salud, que saturado como estaba pudo echar mano de sus recursos humanos. La pérdida de un importante consenso de la sociedad con respecto al gobierno del presidente Cortizo, pues todo apunta al empeoramiento de la situación sanitaria económica y social del país.
En educación, la llegada de la pandemia encuentra al MEDUCA y a la estructura educativa panameña en general en esta crisis.
Al llegar la pandemia se encuentra con el problema de la equidad a su vez vinculado a la inserción del sistema educativo en espacios diferenciados y desiguales donde se gestan los factores asociados que inciden en los problemas de cobertura, los accidentes de flujo, y los bajos niveles de conocimiento que sabemos.
Un reto en el sector educativo, que enfrenta este gobierno, es pasar de una educación presencial a una educación a distancia, donde el principal problema es el desconocimiento del número de estudiantes que cuentan con las competencias atencionales para sobrevivir en los sistemas educativos a distancia, el nivel de conectividad y del número de niños con déficit atencional y/ o necesidades educativas especiales.
AEVE llama a todos los sectores del movimiento popular a unirnos contra las políticas neoliberales en contra de los trabajadores y del pueblo panameño.
Un pueblo UNIDO, contra la corrupción, la flexibilización de los derechos laborales, el hambre y la desigualdad social.
Panamá, 1 de julio de 2020.
Profe. Luis A. Sánchez H.
Secretario General de A.E.V.E.
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